LA UCR EXIGE CONOCER LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE LA FINCA EL PONGO

El bloque de diputados radicales exigirá al gobierno que haga públicos los resultados de la auditoría integral en las fincas El Pongo y El Chalicán, ordenada por el poder ejecutivo en julio de 2008. Además, insistirá con el proyecto  para la creación de una comisión que formule un plan de desarrollo productivo y social para ambos legados.

Rizzotti expresó su preocupación por la situación actual de El Pongo, debido al funcionamiento de distintos emprendimientos no vinculados a la actividad agro-ganadera, algunos con potencial contaminante y riesgo para la salud pública.

El legislador consideró que “hay una realidad de desidia por parte del gobierno sobre el legado de Plinio Zabala”, y agregó que “un ejemplo pequeño pero significativo está en el abandono y falta de conservación de la sala donde residía Zabala”.

“La generosidad del legado y la riqueza de esas tierras son suficientes para asegurar recursos importantes a para la salud pública; por eso necesitamos saber qué pasa y buscar un mecanismo eficiente para garantizar beneficios a todos actores involucrados”, concluyó Rizzotti.

En los últimos 15 años los sucesivos gobiernos han modificado la forma de administración de las dos fincas, que la provincia recibió como legado para contribuir al financiamiento de hospitales públicos.

En 2003 el gobierno creó mediante decreto dos juntas de administración, integradas por los ministerios de Bienestar Social, y el de Producción, Infraestructura y Medio Ambiente, el secretario de Salud Pública. La del Chalicán se completaba con la participación de los directores de los hospitales San Roque, Pablo Soria, de Niños y Neuropsiquiátrico; y la del Ponto con el director del hospital de Perico Arturo Zabala.

El ex gobernador Fellner modificó este esquema en 2007. Las juntas de administración recayeron en el ministerio de Salud, el de Producción y Medio Ambiente, el secretario de Coordinación de Atención de la Salud, quedando igual la intervención de los directores de hospitales.

En un decreto del 2 de julio de 2008, el gobernador Barrionuevo ordenó una auditoría integral en las fincas El Pongo y El Chalicán, que debía realizar un equipo encabezado por Lucio Valdéz, en representación de Fiscalía de Estado, y funcionarios designados por los ministerios de Gobierno y Justicia; Salud y Desarrollo Social.

La auditoría debía realizarse en 60 días y sólo excepcionalmente se preveía una prórroga, y concluir con un informe pormenorizado del resultado obtenido. Ese plazo, a más tardar, finalizaba en diciembre de 2008.

Una de las medidas adoptadas por Lucio Valdez fue el ajuste en el precio de los arrendamientos para los productores de hortalizas y de tabaco. La resolución del 29 de julio fue suspendida por la movilización de los arrendatarios, que firmaron en agosto un acta acuerdo con Valdez, Sebastián Muñoz y Walter Cardozo.

Allí acordaron que los productores continuarían pagando el canon histórico o acordado en los contratos, y dejaron abierta una negociación para acordar nuevos precios de arrendamiento según el tipo de producción.

Además, se comprometieron a realizar un estudio social de la situación de los “mini-productores de hortalizas”, otorgándoles un trato especial a cada uno de ellos.

“Queremos conocer las conclusiones a las que arribó la auditoría y el resultado del estudio social que el jefe de la comisión de auditoría se comprometió a realizar con los pequeños productores de hortalizas”, dijo Jorge Rizzotti, vicepresidente segundo de la Legislatura.

Reiteró la necesidad de generar un plan de desarrollo productivo y social de las fincas El Pongo y El Chalicán, a través de una comisión en la que tengan participación representantes del gobierno, de la Legislatura, de la Universidad Nacional de Jujuy, y las organizaciones o cooperativas que nuclean a los productores agropecuarios y ganaderos.