DEBEMOS DISCUTIR EL FUTURO MINERO DE JUJUY

El vicepresidente 2º de la Legisltura, Jorge Rizzotti, explicó por qué Jujuy debe renunciar a la normativa nacional. Señaló que la UCR está a favor del desarrollo de una minería responsable y advierte la urgencia de que el Estado cumpla con su responsabilidad de priorizar beneficios para la Provincia en la regulación de actividades sobre sus recursos.

“La ley, de hace 17 años, responde a lo más descarnado del modelo neoliberal que impulsara Menem desde el PJ durante los 90 y hoy significa una regulación desigual en la que las empresas, si bien ofertan inversiones, desarrollo y trabajo, sólo le dejan al Estado un 3% del precio del mineral que declaran extraído menos los costos, mientras que la provincia, que oferta sus recursos, se queda con el daño y el pasivo ambiental”, expresó Jorge Rizzotti sobre la Ley 24196, de Inversiones Mineras, a la que Jujuy está adherida por la Ley provincial 5691.

“Las empresas mineras están exentas por 30 años de modificaciones tributarias mientras que otras empresas y sectores de la ciudadanía sí tributan con modificaciones, pero aún tenemos la posibilidad y responsabilidad de legislar un marco regulatorio diferente para el futuro, donde las mineras contribuyan a la provincia en relación coherente a lo que se llevan, con cuidados y controles desde el Estado”, agregó.

El vicepresidente segundo de la Legislatura reafirmó así la necesidad que plantea el bloque de la UCR de modificar el actual marco normativo, para lo que se propone la conformación de una Comisión de Análisis, Revisión y Modificación de la Normativa Minera de la Provincia y la derogación de la Ley 4695 de Adhesión a la Ley Nacional Nº 24196 de Inversiones Mineras, según la cual se establecen exenciones tributarias y fiscales a las empresas y que está vigente desde el año 1993.

También, la ley estipula que por 30 años no se puede alterar con incrementos la carga tributaria de las empresas mineras que hayan presentado ya su estudio de factibilidad. “¿Es justo que las actividades azucareras, tabacaleras, turísticas, industriales, etc. contribuyan al desarrollo de la provincia pagando impuestos de los que las empresas mineras están exentas, cuando la contraparte que pone el Estado involucra los recursos no renovables, el suelo, el agua y la misma vida de las comunidades?”, se preguntó Rizzotti para dar cuenta de la situación.

Para el legislador, es responsabilidad del Estado tanto resguardar los derechos que las empresas ya adquirieron como también legislar de aquí en adelante para que el desarrollo de la minería beneficie realmente a Jujuy. “Pese a las diferencias en la economía, y con eso en los mercados, desde los ’90 hasta hoy, las exenciones impositivas y fiscales aun continúan".

"Esta inequidad existente entre las empresas mineras y las regiones en las que se asientan es evidente: desde su implementación sólo han crecido económica y financieramente las empresas con la extracción, producción y venta de nuestros minerales; y las comunidades y toda la ciudadanía jujeña nos vemos perjudicados con la disminución y degradación de nuestros activos naturales, sin que se refleje las contribución de la minería a la provincia”, amplió Rizzotti.

Derechos adquiridos y el futuro de Jujuy

El diputado Rizzotti también explicó que la necesidad de una nueva normativa provincial en torno a minería tiene que ver con el futuro de la provincia. “¿Cuál es el inconveniente de que una actividad tan compleja sea controlada y que cumpla con las normas de control ambiental mundiales, cumpliendo también con aportar de manera justa a la provincia de la que extraen sus riquezas? Aquellas empresas que ya presentaron su estudio de factibilidad tienen 30 años de estabilidad y exenciones fiscales, son derechos ya adquiridos, y nosotros seremos garantes de que eso se cumpla".

Y agregó: "Pero queremos sentarnos a discutir un marco regulatorio diferente para el futuro, donde las empresas mineras se desarrollen en armonía con el ambiente, y con el Estado controlando y percibiendo lo que creemos es lo que le corresponde, lo necesario para poder funcionar en base a sus recursos”.

Finalmente, remató: “Estamos interesados y a favor de la minería, pero no de cualquier minería. Con la ley de Inversiones Mineras se despoja al Estado de sus genuinos recursos y pone en desigualdad a la ciudadanía otorgando privilegios. Queremos, en cambio, una minería con beneficios para el Estado y las comunidades”.