FINCA EL PONGO: NI URBANI CONOCE EL RESULTADO DE LA AUDITORÍA

El ministro de Salud, Víctor Urbani, aseguró ayer ante el diputado Jorge Rizzotti que desconoce el resultado de la auditoría realizada en la finca El Pongo en 2008. El funcionario recibió ayer (miércoles) por la mañana al vicepresidente de la Legislatura, quién estuvo acompañado por su par de banca Alejandra Martínez y el edil periqueño Luciano De Marco.

Los legisladores radicales iniciaron gestiones en Fiscalía de Estado para procurar obtener copia del informe final de la auditoría que debió realizar un equipo encabezado por Lucio Valdez, en representación de la propia Fiscalía de Estado, junto a funcionarios designados por los ministerios de Gobierno y Justicia; Salud y Desarrollo Social.

Valdez ahora actúa como integrante de la comisión de auditoría y administración, pero las conclusiones que debía presentar siguen siendo un misterio.

“Empezamos a trabajar en un proyecto para crear en el ámbito de la legislatura una comisión de seguimiento”, adelantó Rizzotti, recordando que ese cuerpo ya había expresado su preocupación por las falencias en la administración de las fincas El Pongo y El Chalicán, designando a cuatro diputados

En el mensaje de apertura de sesiones del año pasado, el gobernador Barrionuevo reconoció que El Pongo tenía una deuda cercana a los 2 millones de pesos y que se habían detectado irregularidades administrativas. “No envío el proyecto que había prometido para crear un órgano de gestión ni hizo publica la auditoría. Para conseguir que ambas fincas produzcan el máximo financiamiento para los hospitales públicos es necesario sincerar el estado actual y promover un plan de desarrollo económico y social”, consideró Rizzotti.

El bloque radical prepara varias iniciativas, además de la resolución para generar una comisión parlamentaria de seguimiento. La apuesta más importante es sancionar una ley que establezca un órgano de conducción  donde participen el gobierno, los diputados, los productores y la UNJu, y que se elabore un plan de trabajo a diez años.

El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados inició contactos con Alberto Matuk, quién quedó al frente de la Fiscalía de Estado desde fines del año pasado.