HAY QUE INVERTIR EN CONTROL PÚBLICO, DIJO RIZZOTTI

El proyecto para que autoridades del Tribunal de Cuentas informen a la comisión de Finanzas de la Legislatura las necesidades presupuestarias del 2010 y el plan de trabajo del órgano de control, tomó ayer estado parlamentario y fue girado a comisión para su estudio.

L a iniciativa apunta a identificar los recursos que necesita el organismo para llevar a cabo su tarea de manera eficaz, y lograr la asignación de partidas suficientes en el Presupuesto provincial. “Queremos que el gobierno invierta en controles; no es un gasto fortalecer la transparencia en la administración del dinero público”, explicó el promotor del proyecto Jorge Rizzotti.

El vicepresidente 2º de la Legislatura expresó que la prioridad de la UCR es conocer qué pasó con las auditorías en tres áreas fundamentales del gobierno: salud, vivienda y asistencia social. Ejemplificó que procurarán establecer qué medicamentos se compraron, a qué proveedores, por qué montos, como así también cuáles fueron los criterios de asignación de las obras habitaciones y los utilizados para seleccionar a los beneficiarios, entre otros aspectos.

Agregó que los recursos que administra el gobierno destinados a la asistencia social son cuantiosos, pero que no hay transparencia sobre el uso de los mismos. “No hay un padrón de beneficiarios, no hay claridad sobre quiénes distribuyen esa asistencia ni qué compra el gobierno ni a quién”, subrayó.

“Para lograr que el trabajo del Tribunal de Cuentas tenga sentido los controles se tienen que realizar a tiempo, y para eso hay que invertir recursos”, afirmó Rizzotti.

El presupuesto del organismo para este año es de 11 millones de pesos, de los cuáles alrededor de 10,5  millones corresponden al pago de salarios. El diputado concluyó: “El promedio de 500 mil pesos en doce meses es alrededor de 41 mil pesos mensuales, y claramente es una suma que no alcanza para financiar los acción de control del gobierno provincial, los municipios y comisiones municipales, el Banco de Acción Social, entre otros”.

Estimó que la carencia de recursos debilita la capacidad de acción del Tribunal de Cuentas y beneficia al gobierno provincial en particular, “aunque también a todos los otros que deben dar explicaciones sobre el manejo de fondos públicos”.

El proyecto de resolución propicia un encuentro entre la conducción del ente constitucional y los miembros de la comisión de Finanzas para analizar los requerimientos financieros, de infraestructura y tecnológicos que apuntalen el cumplimiento de las funciones de contralor.