LA UCR PIDIÓ FORMALMENTE AUDIENCIA A URBANI POR LA FINCA EL PONGO

Quince minutos antes de la hora de la reunión, el ministro de Salud canceló telefónicamente la audiencia que tenía programada con diputados del bloque radical para dialogar acerca de la situación de la Finca El Pongo. El argumento que esgrimió la secretaria de Víctor Urbani para justificarlo fue un viaje a La Quiaca que debió emprender el funcionario.

Los legisladores de la UCR decidieron pedir formalmente una audiencia a Urbani, y denunciar la falta de transparencia del poder ejecutivo en el manejo de los resultados a los que arribó la auditoría ordenada por el gobernador en 2008 poniendo a cargo de la misma a Lucio Valdez, actualmente a cargo de la junta de administración de la finca El Pongo.

Los legisladores Jorge Rizzotti y Alejandra Martínez estuvieron acompañados del concejal periqueño Luciano De Marco, quienes lamentaron la suspensión del encuentro debido a la urgencia de los problemas que afrontan los pequeños productores de las cuatro cooperativas de la finca El Pongo, la falta de regularización de los contratos de arrendamiento  y medieros, como también el confuso estado financiero y patrimonional.

"La normalización de la Finca El Pongo es un objetivo prioritario para la UCR, por ello también vamos a procurar consensuar con todas las fuerzas políticas de la legislatura una ley para asegurar un plan de promoción económica y social", manifestó Rizzotti. Y agregó: "Pero para avanzar es imprescindible conocer las conclusiones de la auditoría ordenanda por el gobernador Barrionuevo hace dos años".

El legislador resaltó que "en torno a la buena administración del legado de Plinio Zabala gira parte del financiamiento del hospital de Perico, la sustentabilidad de las actividades económicas de muchas familias que trabajan pequeñas parcelas y una política de desarrollo agroeconómico para esa región".

En una recorrida por la finca realizada por el equipo técnico de la vicepresidencia 2º se documentaron situaciones que los diputados radicales quieren esclarecer, como el funcionamiento de un matadero y una ripiera privadas. "Un problema serio es la falta de control por parte del poder ejecutivo sobre las actividades que realizan los administradores de la finca, que no le rinden cuentas a nadie", enfatizó Alejandra Martínez.