PARA LA FIESTA HAY PLATA, PARA LOS CONTROLES NO

“Los auditores del Tribunal de Cuentas deben trasladarse en colectivo a los municipios a los que deben controlar, mientras el gobierno de la provincia asignó 2,9 millones de pesos al Ente Autárquico Permanente para esta edición de la FNE”, dijo el diputado Jorge Rizzotti, quién volvió a reclamar políticas que fortalezcan los sistemas de contralor.

Agregó que el Tribunal de Cuentas carece de grupos de auditores dotados de los recursos necesarios y de las tecnologías disponibles para realizar sus labores, y atribuyó esta situación a la falta de inversión en los sistemas de control por parte del gobierno.

Puso como ejemplo el caso del Ente Autárquico Permanente de la FNE que maneja 2,9 millones de pesos del presupuesto provincial para la presente edición, y no ha informado en qué gastó el año pasado. “A mi entender, es muchísima plata. No se están asignando bien los recursos”, dijo el legislador.

Recordó que en 2008 el bloque de la UCR presentó un pedido de informes para que el EAP explique cómo administró los fondos públicos recibidos y que ello no hubiera sido necesario si el poder ejecutivo cumplía con el envío de la cuenta de inversión.

“En la situación en que hoy se encuentra la provincia, y más allá de la decisión política en la aplicación legal que se hagan de los fondos que se le otorgan al EAP, uno puede preguntarse si es correcto –como está la salud, la educación- aplicar 2,9 millones de pesos para el festejo de la FNE, además de todos los recursos que destinan los municipios y de lo que el mismo Ente recauda”, enfatizó.

El vicepresidente 2º de la Legislatura explicó que la UCR no está en contra  de la FNE. “Nosotros queremos la fiesta, pero también nos preocupamos por los estudiantes. Si hay algo por lo que trabajamos es por los estudiantes pero no sólo en el tema del festejo”. Y remarcó que el gobierno apoya la Fiesta y después se desentiende de que los estudiantes tengan los contenidos mínimos que necesitan”.

El diputado subrayó que “es imposible conseguir información del poder ejecutivo provincial para poder controlarlo”, considerando  que el gobierno se maneja con “una herramienta perversa” que impide a los legisladores de la oposición obtener documentación sobre los actos de gobierno.

En este sentido, enfatizó que “es parte de la concepción de gestión de este gobierno el no rendir cuentas. No quieren rendir cuentas el gobernador”, agregó, señalando que no se puede apelar a mecanismos de excepción para lograr el cumplimiento de obligaciones que están claramente establecidas. “Apelar a la ley de acceso a la información pública sería ir por la vía de la excepción, cuando no es eso lo que corresponde”.

Para ejemplificar recordó que el Tribunal de Cuentas recibió una denuncia por la compra que hizo el ISJ de una máquina para hacer las tarjetas. “Han pasado más de seis meses y no podemos obtener información del estado en que se encuentra el expediente, aún cuando el mismo Tribunal de Cuentas realizó observaciones a la operación”, afirmó.

La semana pasada diputados radicales promovieron un proyecto de resolución para que se invite al Tribunal de Cuentas  a una reunión con la comisión de Finanzas para discutir el presupuesto del organismo. “Actualmente, ese presupuesto se eleva al gobierno de la provincia para que el secretario de Hacienda lo incorpore en el Presupuesto General de la provincia, que se manda a la Legislatura.

“Uno de los principales controlados es el ministro de Hacienda; se cae en la paradoja de que quién es controlado decide sobre los recursos que va a disponer el ente que tiene la función de controlarlo”, comentó antes de resaltar que el debate y la discusión sobre las necesidades presupuestarias del Tribunal de Cuentas “se deben dar en la Legislatura, sin que filtre el ministerio de Hacienda”.

Por otra parte, el bloque de diputados de la UCR analiza la posibilidad de “reiterarle” a las autoridades del Tribunal de Cuentas que respondan cuáles son las últimas rendiciones de la cuenta de inversión que presentó el gobierno.

“Es grave la no presentación, y será necesario establecer quiénes son responsables”, manifestó Rizzotti, quién recordó que en la provincia de Buenos Aires, ante la falta de presentación de las cuentas de inversión, “el organismo de control directamente les hizo cargos a los funcionarios como si hubieran mal gastado toda la plata”.

Para el diputado la falta de controles afecta a la república y también incide en la reducción de las posibilidades de éxito de la gestión. “Esta sospecha, que termina siendo una certeza para la población, es que a los gobiernos y a los políticos en Jujuy no nos está controlando nadie, y es verdad”, remató.