PROBLEMÁTICA DE FINCA EL PONGO VUELVE A LA AGENDA PARLAMENTARIA

 Productores de la finca El Pongo detallaron una serie de problemáticas que los afectan durante un encuentro que mantuvieron este lunes con el vicepresidente de la Legislatura, Jorge Rizzotti. Reclamaron la regularización de los contratos de arrendamiento, el mejoramiento de la infraestructura productiva y una política oficial de acceso a créditos para realizar inversiones.

Además de las dificultades para producir, comentaron las dificultades que encuentran para comercializar sus productos en la Feria Mayorista Frutihortícola y comentaron que existen versiones de que personas vinculadas con la administración de la finca El Pongo explotan varias hectáreas para provecho propio.

Rizzotti se comprometió a impulsar un pedido de informes para que se informen a la Legislatura los resultados de la auditoría ordenada por el gobernador a mediados de 2008, que incluía los cinco lotes rurales de la Finca: El Pongo, El Cadillal, Chanchillos, Hornillos y La Posta o Estación.

Además, insistirá con su proyecto para crear un consejo de administración integrado por representantes del poder ejecutivo, de la legislatura, de la Universidad Nacional de Jujuy, y de los productores. Esa iniciativa también apunta al diseño de un Plan de Desarrollo Productivo y Social de las fincas El Pongo y El Chalicán.

Para el legislador radical el gobierno cometió un error al designar como administradores de la finca a quiénes actuaron como auditores, más aún cuando en el mensaje a la Legislatura del año pasado el gobernador prometió enviar un proyecto para crear un órgano de gestión. Pero el mandatario no cumplió esa promesa.

Durante la reunión del lunes, Rizzotti les dijo a los productores que el objetivo de la banca radical es generar una ley que ofrezca seguridades a los arrendatarios y medieros, pero que al mismo tiempo garantice los recursos necesarios para el funcionamiento del hospital periqueño, y de este modo producir un impacto social a través de la mejora de la salud pública.

“Tenemos que elaborar un plan de largo plazo para que esto funcione; son 12 mil hectáreas que bien administradas pueden dar réditos a todas las partes”, consideró. Enfatizó que la finca El Pongo es de la provincia, y que “el poder ejecutivo es el responsable de su administración”.

Las expresiones de los productores dejaron en claro que la situación de la finca es compleja, y que hay varios nudos problemáticos que afectan a las cuatro cooperativas en las que se agruparon arrendatarios y medieros.

Los auditores tenían 60 días para realizar su trabajo, con la posibilidad de lograr una prórroga por otros dos meses. “Ese plazo se cumplió a fines de 2008, pero el gobierno no informó oficialmente a la Legislatura las conclusiones de esa auditoría, lo que impide avanzar con un plan de regularización y elaborar una propuesta de desarrollo productivos y social”, explicó Rizzotti, quién trabaja en este tema junto a sus pares de bancada Alejandra Martínez y Pablo Baca.