QUEREMOS SABER CÓMO DEFENDIÓ LOS INTERESES DEL ESTADO LA FISCALÍA

El bloque de diputados radicales presentó un proyecto de pedido de informes dirigido al poder ejecutivo a fin de que informe las acciones realizadas por la Fiscalía de Estado a partir de las resoluciones condenatorias del Tribunal de Cuentas que disponen ejecución por vía de apremio. Tales resoluciones involucran a funcionarios públicos que deben resarcir al Estado por irregularidades determinadas por el órgano de control.

Los legisladores quieren conocer qué intervenciones ha tenido la Fiscalía a cargo de Alberto Matuk a partir de las irregularidades detectadas en la administración de fondos públicos por parte de los funcionarios. “Queremos saber como se han defendido los intereses del fisco desde la Fiscalía”, explicó el diputado Jorge Rizzotti.

En los fundamentos, los legisladores expresaron que el objetivo del proyecto es “contribuir al mejoramiento de los sistemas de calidad institucional”, como el Tribunal de Cuentas.

Explicaron que la función de ese órgano es realizar una vigilancia constante de la gestión del gobierno, en el que se ven representados los intereses y derechos de toda la comunidad.

“Esta tendencia hacia la calidad –añadió Rizzotti- debe reforzar la independencia, la objetividad y la confiabilidad del control”. Recordó, como ejemplo, la resolución 3151-S-I-2009 en el marco de la auditoría de personal dispuesta por la Sala I. de la Vocalía Contable.

En ese instrumento, el Tribunal de Cuentas instauró procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad en contra de las autoridades del Banco de Acción Social (BAS).

Se trata del gerente general Guillermo Weibel, por la suma de 557.987,58 pesos; del presidente del directorio Enrique Nazario por 130.636,59 pesos; de los vocales María Cecilia González por 146.868,58 pesos; Luis Conde por 100.038.77 pesos, y Fernando Navarro por 33.575,63. En tanto al síndico del BAS, Normando Reales se le formuló cargo por la 146.868.58 pesos.

La Fiscalía de Estado, solo en este caso, tenía a su cargo la defensa de fondos públicos por un montón superior a 1,1 millones de pesos. El Tribunal de Cuentas se pronunció el 23 de diciembre de 2009, y los diputados radicales quieren conocer qué hizo el organismo a cargo de Matuk para recuperar esos recursos, y en otros casos similares ocurridos en los últimos cinco años.

La banca de la UCR espera que el proyecto siga el trámite parlamentario de rigor, y que sea aprobado en lo inmediato por la cámara.