RESPONSABILIDADES PENALES Y POLÍTICAS EN LOS HECHOS DE LIBERTADOR

Jorge Rizzotti, miembro de la Comisión constituida para investigar los hechos de Libertador del jueves pasado, aseguró que la misma “no pretender ver si hubo o no responsabilidades políticas, porque sí las hubo; hubo cuatro muertos y se debe saber quién los mató, como también qué deficiencias políticas hubo, y obrar en consecuencia por las vías legales”.

“Estamos convencidos que el mayor responsable es el gobierno provincial, y si la investigación y los procedimientos nos llevan al inicio de un juicio político, pues llevaremos adelante el juicio político”. Remarcó que a la grave situación de un gobierno debilitado, se suma que legisladores del oficialismo deslegitiman el accionar de la Justicia.

“A días de los que más triste que nos ha pasado en años como provincia, y frente a la irresponsabilidad del Gobierno provincial, todo se agrava más porque hoy a la falta de poder político, con un gobernador totalmente debilitado, se suma la deslegitimación del Poder Judicial por parte de funcionarios del mismo signo que el del Gobierno”, reflexionó Jorge Rizzotti, y continuó: “cuando es débil el poder político frente a una situación, queda el poder de la Justicia, pero el diputado Rivarola, tal cual lo expresa públicamente en su medio en una increíble defensa del Gobierno, deslegitima a la autoridad del poder judicial, induciendo a que seguramente ningún juez quiera hoy tomar una resolución que tenga que ver con el cumplimiento de la ley en el asunto, porque aparecen desde la política personajes haciéndolos responsables de los hechos que están pasando”.

El trabajo de la Comisión, la empresa, el Estado

“En lo legislativo pudimos avanzar en la creación de esta Comisión Investigadora por la Verdad y la Justicia de los hechos de Libertador Gral. San Martín y la aprobación del proyecto de ley a través del cual se autoriza al Poder Ejecutivo a expropiar 40 hectáreas al Ingenio Ledesma, cuestiones que son vanaces pero que lamentablemente no tienen que ver con instrumentos que hubieran podido evitar lo que pasó”, expresó Jorge Rizzotti, vicepresidente 2do. de la Legislatura de Jujuy.

“Lo que pasó era totalmente evitable por la política; se llegó a lo que se llegó por la irresponsabilidad en la conducción del gobierno provincial, por desidia de muchos funcionarios que vienen acostumbrados por esta gestión de gobierno a patear y patear los asuntos”, agregó.

En torno a la responsabilidad de la empresa Ledesma, el legislador resaltó que “los reclamos de Libertador Gral. San Martín son de décadas: hace años que se sabemos que es imposible seguir avanzando urbanísticamente en Libertador si la empresa Ledesma no decide reconocer estas demandas respecto a las tierras, pero lo que no puede la política es, en función a iniciativas que no tuvo la empresa, no haber tenido las decisiones pertinentes”.

“Si la empresa hubiese entendido los reclamos justos de los pobladores de Libertador, que no le es una cuestión ajena a la empresa ya que ésta creció y se desarrolló en la provincia de Jujuy, la relación sería otra; no lo hizo la empresa ni el Estado provincial ni municipal, lo que muestra que el Estado provincial no tiene ningún tipo de políticas al respecto”, reflexionó Rizzotti y reforzó: “de hecho, cuando la empresa decidió en su momento dar algunas tierras, siempre fue Ledesma la que decidió cuáles serían y no un Estado planificando lo que quería para su pueblo; la empresa pretendió trasladar el crecimiento de Libertador a Calilegua, y si bien muchos pueden argumentar que es mejor vivir en Calilegua, la gente quiere estar en Libertador porque ahí está el centro cívico y comercial de la zona”.

El diputado radical también advirtió que lo que se destaca por parte de la empresa es el exceso ambición de acumular ganancias: “la empresa tiene una zona donde el rendimiento por hectárea que tiene en Libertador es un poco mayor a lo que rinde en Calilegua; es desde el punto de vista netamente económico que Ledesma elige proponer el crecimiento hacia Calilegua, después de las autorizaciones que tuvo por parte del gobierno provincial respecto del desmonte de tierras que eran bosques nativos”, argumentó, sumando que “hoy hasta existen dudas respecto de esas autorizaciones que se dieron desde el Poder Ejecutivo”.

Rizzotti insistió en remarcar que “muchos confunden que desde la Legislatura ahora se trata de deslindar responsabilidades o sacarles responsabilidades que le corresponden al Gobierno de la Provincia, pero no: acá está claro que hay un gran responsable que es el gobierno provincial, a la responsabilidad de la empresa no se la va a alivianar nadie”.

Así, el legislador destacó que “no sólo por la falta de diálogo y de planificación en temas urbanísticos sobre el gran déficit habitacional que tiene la provincia de Jujuy cuando se vienen invirtiendo fondos y recursos provinciales en otro tipo de obras que no son necesarias, sino también en las responsabilidades que caben por el operativo”, las responsabilidades van desde la intendencia a la gobernación.

Negligencias

El diputado radical relató que “el día jueves recibieron las primeras declaraciones en la Comisión: las del jefe de la Policía Regional y las del director del Hospital; ahí supimos el día lunes el jefe de la Regional le informó al jefe de Policía de la Provincia que tenía la orden del Juez, y que necesitaba elementos para poder llevar adelante el operativo como así también personal, y el jefe de la Policía le informó que el operativo debía ser llevado a cabo el día jueves; es decir que si el jefe de la Policía estaba informado el día lunes, estaba informado el señor Ministro, y sabía de las condiciones. Así y todo, se hizo en horas de la noche, fuera de todo protocolo, no se respetó nada”.

“Sabemos que órdenes políticas hubo –continuó Rizzotti- y con la renuncia de quien en ese momento era ministro de Gobierno como así también del jefe de la Policía, no alcanza. Hay responsabilidades políticas que van por encima del jefe y del ministro”. El legislador sumó: “en la medida en que encontremos responsables penales por la muerte de estos cuatro pobres jujeños, vamos a ir a la justicia penal a hacer la denuncia correspondiente, y también queremos llegar a los responsables políticos".

"Y como dijimos iniciaremos los procedimientos legales correspondientes, y si es el inicio del juicio político al gobernador, habrá que iniciarle juicio político al gobernador. Hay irresponsabilidades, negligencias, incumplimiento de los deberes de funcionario, falta de políticas desde cualquier punto de vista”, redondeó Rizzotti.

Presencias y ausencias

“Esto tiene su fundamento en lo que venimos denunciando nosotros desde la UCR, que es que el Gobierno abandonó la política habitacional”, expresó el diputado de la UCR que es también candidato por la Unión para el Desarrollo Social a diputado en segundo término. “Si miramos que algunas organizaciones sociales, que no son precisamente las que estuvieron en el predio, y que si bien hoy están movilizando han sido las amigas y las beneficiarias del Gobierno provincia, vemos que son las que llevaron adelante la política habitacional, todo sin ningún tipo de control o delineamiento político provincial”.

Rizzotti también explicó que a las viviendas que entregan las organizaciones sociales las entregan a su propio criterio, cuando los recursos son del Estado, y el IVUJ entrega las viviendas en función de las características de quiénes serán los adjudicatarios, léase: si son o no amigos del gobierno”.

“Hoy hay barrios aquí en la capital con viviendas tomadas, y llega Milagro Sala con funcionarios del IVUJ y de la justicia, lo que muestra que la señora Sala acompaña las gestiones, es parte de las decisiones políticas, y a donde va un ministro ella se moviliza también y acompaña”. “Todo comprueba que estamos frente a un Estado irresponsable y sumiso”, concluyó el legislador.